A solicitud de los diputados, la contralora general, Marta Acosta, lanzó una estimación de los ahorros que generaría el proyecto de empleo público y llegó a la conclusión de que su aporte para paliar el déficit fiscal sería practicamente «nulo».

Según sus cálculos, el plan le economizaría al Gobierno central menos de un 0,05% del producto interno bruto (PIB), en momentos en que su faltante de recursos está en un 5,1% (estimación para el 2016). En dinero, se trata de un ahorro de ¢13.500 millones frente a un déficit de ¢1.380.500 millones.

En el caso de las instituciones descentralizadas, el proyecto de ley para limitar los pluses salariales sí propiciaría un ahorro equivalente a un 1% del PIB, casi ¢270.700 millones, pero este no tiene ningún efecto sobre el déficit fiscal.

«El efecto de este proyecto (sobre el déficit fiscal) es nulo, porque es un 0,05% de la partida de remuneraciones, ni siquiera es del Presupuesto (del Gobierno central)», dijo Acosta.

La contralora explicó que el ahorro para las descentralizadas se queda en las descentralizadas y no beneficia al Gobierno, el cual debe endeudarse para cumplir sus obligaciones en los pagos de la deuda pública, salarios, pensiones, transferencias a instituciones y obras.

«Lo ideal es que si la partida de remuneraciones en las instituciones baja, pues ellos tengan que presupuestar menos. Eso es un ahorro para la institución y para el sector público como tal, pero esos ahorros no afectan el déficil fiscal, que es ingresos versus gastos del Gobierno, no de las descentralizadas», declaró la funcionaria.

A pesar de que la contralora expuso ese criterio, para el oficialista Ottón Solís no es un análisis relevante, pues afirmó que no expone la situación a futuro, como sí lo podría hacer un estudio actuarial.

«El impacto más importante es para nuevos funcionarios. Para ver el impacto económico en las finanzas públicas tiene que hacerse un pequeño estudio actuarial, de acuerdo con la estructura de edad de la población de empleados del servicio público de las instituciones afectadas, para ver qué va a pasar, cuántos empleados son nuevos y qué significa eso en ahorros», apuntó Solís Fallas.

El alcance del proyecto 19.506, de la diputada liberacionista Sandra Piszk, es limitado tanto por sus efectos económicos como en por cantidad de instituciones y beneficios laborales que toca, dijo la contralora.

La iniciativa pretende regular el otorgamiento de ciertos beneficios salariales que se pagan en las instituciones del sector público, como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y auxilio de cesantía. Regiría para todos los poderes del Estado, incluyendo instituciones autónomas, municipalidades y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Quedarían por fuera las entidades que estén en mercados en competencia.

Ante la Comisión de Asuntos Sociales, donde se tramita el expediente, la contralora sostuvo que el ahorro es muy bajo para el sector de Gobierno central porque su intención es igualar los pluses de mayor peso a lo que ya se paga en los ministerios.

Por esa misma razón, en las instituciones del sector descentralizado, el ahorro sí sería fuerte sobre todo en el pago de anualidades.

El plan pretende que el pago anual por antigüedad no supere un 2,54% del salario base, como ocurre en el Gobierno. En las instituciones, hoy las anualidades alcanzan hasta el 6% anual.

Eso sí, explicó Acosta, el ahorro se alcanzaría paulatinamente y podría ser menor porque un transitorio establecería que la mayoría de los cambios solo aplicarían para nuevos empleados, pues se respetan derechos adquiridos; en otros, se reconocería al empleo lo acumulado, pero se aplican cambios en los porcentajes por calcular en el futuro.

Incluso, continuó la contralora, el ahorro podría ser mucho menor porque, al limitarse los pluses salariales, el Estado tendría menos ingresos por concepto del impuesto sobre la renta a los salarios. No obstante, Acosta no precisó el tamaño económico de ese factor.

«Este proyecto probablemente también va a tener efectos en los ingresos, que disminuirían, porque hay menos aportaciones de los funcionarios al impuesto sobre la renta y menos contribuciones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aunque esto último no afecta el déficit, pero sí lo primero», manifestó la jerarca.

La proponente de la iniciativa, la liberacionista Sandra Piszk, señaló que la intención más clara de la iniciativa legal es la de mejorar la eficiencia del Estado, pues aunque el 99% de los empleados del Gobierno son calificados como muy buenos y excelentes, la población no está satisfecha con el desempeño de los funcionarios.

Ante el criterio de Acosta sobre la necesidad de establecer claramente los criterios de evaluación del desempeño para los empleados públicos, Piszk le preguntó sobre la posibilidad de incorporar esos aspectos en el proyecto de ley.

«Si este proyecto pretende que se califique de excelente para acceder a la anualidad, pues por lo menos que se establezcan líneas generales de cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, porque si no, queda todo igual», le respondió Marta Acosta.

Adicionalmente, declaró la jerarca, el proyecto no toca 121 pluses salariales que existen en las instituciones.

Cantidad de incentivos no tocados por institución:

-MEP: 68

-Seguridad: 37

-MOPT: 24

-Hacienda: 22

-Ministerio de la Presidencia: 15

-Trabajo: 11

-Cultura: 11

-Salud: 10

-Minae: 10

-Casa Presidencial: 8

-Vivienda: 8

-Cancillería: 7

-Justicia: 7

-Agricultura: 7

-Planificación: 6

-Gobernación: 6

-Micitt: 6

-Economía: 5

-Comex: 4

“Este proyecto tendría un efecto mucho más paulatino, porque recordemos que no le aplicaría a todos los funcionarios públicos. El proyecto es positivo y es oportuno que se continúe con la discusión del proyecto. Es un paso positivo en la dirección del ordenamiento de todo el régimen de empleo público, pero es modesto en cuanto a la afectación del gasto público”, comentó la contralora.

Según recalcó, a criterio de la Contraloría, la anualidad es la variable que generaría mayor ahorro sobre las finanzas públicas.

La propuesta de la iniciativa es que solo se les reconozcan los pagos por anualidad a los empleados «muy buenos» y «excelentes»; quedarían por fuera los calificados como «buenos», que hoy sí son tomados en cuenta.

En el caso de los «muy buenos», el plus valdría entre un 1,45% y un 1,92% anual sobre el salario base, mientras que los empleados «excelentes» recibirían entre un 1,94% y un 2,56%.

Acosta también advirtió de que, aunque se plantea un cambio en los porcentajes para el pago de incentivos como la anualidad, el sistema de asignación no se modifica de ninguna forma.

«El proyecto no contempla modificaciones ni mejoras concretas en los procesos de evaluación del desempeño. Continúa pendiente una revisión profunda de los sistemas de evaluación del desempeño», dijo la contralora general.

Además, enfatizó en que no se trata solo de un asunto de fiscalidad relacionada con los salarios públicos, sino también de equidad en el pago de las remuneraciones, en tanto deben ser no solo justas para el Gobierno, sino también que se pague lo justo a cada funcionario.

Según los datos aportados por la Contraloría, en el 2015, del gasto total en remuneraciones, el 41,4% lo pagó el Gobierno Central, y el 31,4% de las instituciones descentralizadas no empresariales.